Un inesperado abrazo marcó el inicio de una jornada legal en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional. Ángel Martínez, conocido como “El Detective”, e Ingrid Jorge, también llamada “La Torita”, compartieron un gesto de cercanía frente a las cámaras, justo antes de acudir a audiencias separadas relacionadas con presuntas querellas por difamación e injuria.
Este momento se produjo a pesar de que ambos están implicados en procesos legales iniciados por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. La funcionaria los señala por, presuntamente, divulgar informaciones falsas y delicadas sobre aspectos personales y profesionales tanto de ella como del procurador Iván Féliz Vargas, titular de la Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales.
Martínez compareció ante el Primer Juzgado de la Instrucción, donde el juez Raymundo Mejía conocerá la solicitud del Ministerio Público. Esta entidad busca imponerle una fianza de dos millones de pesos en efectivo, además de presentación periódica y la restricción de salida del país.
En paralelo, Jorge asistió al Sexto Juzgado de la Instrucción, presidido por la jueza Yanibet Rivas. Aunque aún no se ha hecho pública la cifra exacta, se contempla imponerle una garantía económica junto a las mismas condiciones de presentación y prohibición de salir del territorio nacional.
En el caso de la afectada, el proceso también incluye una segunda acusación formulada por el procurador Féliz Vargas. Según los documentos presentados, esta se relaciona con la difusión de presuntos contenidos digitales modificados que afectarían la privacidad y la credibilidad de los funcionarios involucrados.
Tanto Martínez como la afectada han mostrado seguridad frente a los procedimientos legales durante sus intervenciones mediáticas. Sin embargo, la muestra de afinidad entre ambos en los alrededores del tribunal ha llamado la atención en redes sociales y medios informativos.
Ambos deberán continuar sus respectivos procesos judiciales de forma independiente, aunque los casos están conectados por un mismo conjunto de señalamientos. El Ministerio Público basa su acusación en evidencias digitales y análisis forenses, con el fin de sostener los cargos presentados.
Las autoridades han reiterado que estas acciones buscan frenar el uso irresponsable de plataformas digitales y proteger la integridad de quienes ocupan cargos públicos.
El juez Mejía aplazó la audiencia a solicitud de Martínez, ya que su abogado expresó desconocer los detalles del expediente. También manifestó su desacuerdo con la petición del Ministerio Público de imponerle una garantía económica de dos millones de pesos.
Al concluir la jornada, la ministra Faride Raful indicó que su presencia en el tribunal responde al interés de salvaguardar su dignidad. Su abogado, Miguel Valerio, calificó como falsa la versión del supuesto detective y lo retó a presentar el material que alega tener sobre la funcionaria.
Por su parte, el Segundo Juzgado de la Instrucción decidió aplazar la audiencia donde se conocería la solicitud de medida contra la afectada, por la supuesta acción en perjuicio del procurador Féliz Vargas. El funcionario presentó una nueva querella y descartó toda posibilidad de conciliación.
La vista para tratar la medida solicitada contra Jorge, quien enfrenta una petición de fianza por un millón de pesos, fue pospuesta para el próximo miércoles. No obstante, ella deberá volver al Palacio de Justicia el lunes 7 de julio para enfrentar la querella interpuesta por la ministra Faride Raful.
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